Aunque los socialistas estuvieron generalmente en la vanguardia de los esfuerzos para combatir la pobreza, estuvieron sin duda alguna lejos de ser las únicas personas que reconocieron que, en el contexto de una economía industrializada, la difícil situación de la nueva clase trabajadora debe ser atendida de algún modo.

Existe una forma algo peculiar para describir la mala distribución moderna de los bienes del mundo entre los que tienen y los que no. El hecho de que algunas personas viven en la miseria mientras que otras viven confortablemente –que algunos vayan a la cama con hambre mientras que otros están al borde de la obesidad- es resumido en este término: la cuestión social.

Si bien la pobreza por sí misma no es nada nuevo, las condiciones que exacerbaron la cuestión social en el siglo XIX no tuvieron, de hecho, precedentes; las dislocaciones generadas durante la revolución industrial derivaron en gran medida en esto. Aunque los socialistas estuvieron generalmente en la vanguardia de los esfuerzos para combatir la pobreza, estuvieron sin duda alguna lejos de ser las únicas personas que reconocieron que, en el contexto de una economía industrializada, la difícil situación de la nueva clase trabajadora debe ser atendida de algún modo. Los conservadores también sospechaban de un desarrollo que desarraigara a la gente de sus tierras y tradiciones natales enviándolas a una ciudad sin rostro para buscar empleo en las nuevas fábricas.

La letanía de abusos engendrados por el sistema industrial hoy es familiar para cualquier persona adecuadamente informada: horarios de trabajo excesivamente largos, salarios bajos, condiciones peligrosas y trabajo infantil. Aparentemente, todo esto fue el resultado directo del funcionamiento normal de las leyes de oferta y demanda. Donde había exceso de oferta de potenciales trabajadores, ahí tendía a bajar el salario hasta el nivel de subsistencia. Donde los trabajos eran menos que aquellos que querían llenarlos, los últimos estaban en desventaja en relación con sus posibles empleadores, que podían establecer sus propios términos.

Fue de esta situación que surgieron los sindicatos como un medio de potenciar a los trabajadores y contrarrestar el poder del capital en el mercado laboral. Los esfuerzos para potenciar al pobre, tanto el tradicional pobre rural casi ignorado por los marxistas o el nuevo pobre industrial que poblaba las atestadas ciudades de Europa y Estados Unidos, fueron agrupados bajo la amplia rubrica de la búsqueda de justicia social. ¿Qué significa esto?

Justicia es un antiguo concepto con raíces tanto en la tradición bíblica como en la greco-romana, que implica un reequilibrio de la balanza para dar a la gente lo que merece. Cuando Tomás le roba un cerdo a Eduardo, la ley interviene para castigar a Tomás y devolverle el cerdo a Eduardo. En otras palabras, el sistema judicial es ejercido para rectificar una injusticia manifiesta.

Pero ¿qué ocurre si nada obviamente ilegal le ha ocurrido aún a una clase completa de personas, que sin ninguna falta cometida por ellos mismos se encuentran sin los medios suficientes para comer, vestir y resguardarse a sí mismos y sus familias? Si encuentran virtualmente todas sus horas diurnas ocupadas por trabajo agotador, con un pequeño tiempo para seguir otras actividades, incluyendo el cultivo de la vida familiar y comunitaria, entonces algo obviamente anda mal. Es más, está siendo perpetrada una injusticia masiva. La búsqueda de justicia social tenía, por parte de sus proponentes, el propósito de remediar esta forma sistémica de injusticia.

Durante el último siglo la noción de justicia social ha sido casi monopolizada por los socialistas y los liberales recientes (los liberales clásicos, por el contrario, posando a veces de conservadores, evitan del todo el concepto). Los socialistas usualmente han ofrecido como solución una variante del tema de la pertenencia colectiva de la propiedad, emparejada con la abolición de las clases. Dado que la propiedad privada es colocada como la raíz de las desigualdades económicas, han tendido a argumentar que debería ser puesta en común en la mayor medida posible. Mientras que lógicamente hay más de un significado posible para esta pertenencia común, se ha tendido a traducirla a una forma de propiedad gubernamental. Los liberales más recientes generalmente no lo llevan tan lejos, deteniéndose en una estricta regulación de las grandes empresas privadas.

Junto con los intentos de colectivización o regulación de la propiedad privada viene un establecimiento concomitante del Estado de bienestar, incluyendo un buen número de programas sociales destinados a amortiguar a aquellos perjudicados por las vicisitudes de un mercado impersonal. Los liberales generalmente se han alarmado por estos avances, pero han ofrecido muy poco en cuanto a políticas que pudieran rectificar los potenciales excesos de estatismo, excepto por la mera reafirmación del libremercado y de la soberanía del consumidor -¡a pesar de que la promoción de la misma mentalidad es lo que llegó a los abusos iniciales de los que esto arranca!

¿Debe, entonces, la búsqueda de justicia social estar atada a soluciones estatales? No necesariamente. Aquí es donde creo que el neocalvinismo tiene mucho que ofrecer como alternativa. Ciertamente es verdad que el reconocimiento de causas sistémicas de la cuestión social indudablemente implica un gobierno fuerte que desee y pueda intervenir en las circunstancias del pobre. Siempre que haya “sintonía fina”, para no subsidiar ingenuamente la irresponsabilidad personal, los programas del Estado de bienestar tienen un rol legítimo que jugar como red de seguridad social protegiendo a los ciudadanos de las deficiencias más dañinas del mercado. El regreso a la era de los mercados sin restricciones, al Estado policiaco y a la ausencia de sindicatos sería un movimiento histórico regresivo, por decir lo menos.

Al mismo tiempo, la idea de que el gobierno puede solucionar la cuestión social de plano es un error. Hay algo de persuasivo en el argumento liberal de que responsabilidad social es un término incorrecto porque la sociedad como tal no es un agente responsable. En efecto, las políticas animadas a mejorar la pobreza deberían reconocer la pluriformidad de la sociedad, incluyendo la multiplicidad de los agentes responsables que hay en ella. La gran complejidad de la sociedad no puede reducirse a Estado y mercado, como si éstos fueran los únicos dos factores a considerar. Mucho del debate actual enfrenta a los partidos políticos que buscan fortalecer el Estado a expensas del mercado, en oposición a los partidos que buscan mejorar el mercado a expensas del Estado. Lo que falta en ambos lados es un reconocimiento de que una sociedad saludable consiste en mucho más que esos dos elementos constitutivos.

Un gobierno con un deseo genuino de buscar la justicia social debe seguir una variedad de estrategias, y a la vez reconocer que su habilidad para actuar directamente es limitada. Para empezar, en aquellos países caracterizados por la más escandalosa distribución de la propiedad productiva, alguna forma básica de distribución -como una reforma agraria- tiene que ser considerada. Sin embargo, en la mayoría de los países occidentales, que poseen una sólida clase media, la estrategia escogida sería probablemente diferente e implicaría al menos dos componentes. En efecto, uno de ellos sería mantener y quizá incluso fortalecer la red de seguridad social que es parte de la esfera común, esto es, el legado compartido perteneciente a todos los ciudadanos de la comunidad política. ¿Hasta qué nivel debería mantenerse esto? La respuesta no puede ser determinada a priori, pero debe ser tema del proceso deliberativo que forma parte integrante de la política ordinaria.

El mejor acercamiento desarrollaría formas en las cuales el gobierno y las comunidades no gubernamentales puedan cooperar en mejorar y, si es posible, prevenir la pobreza. Esto nos da un segundo componente, que es fortalecer las instituciones no estatales. Debido a que estamos muy influenciados por el individualismo liberal, tendemos a ver las instituciones como potenciales opresores y restrictores de la libertad. Incluso cuando valoramos las comunidades, tendemos a preferir verlas como asociaciones voluntarias. Por ejemplo, la tendencia legal en las últimas cuatro décadas ha sido reducir el matrimonio a un mero contrato privado revocable a criterio de los socios. Que las cortes hayan acelerado esta tendencia en el último tiempo no debería sorprendernos.

Comprender la importancia de las instituciones es una de las contribuciones genuinas que el neocalvinismo, con su reconocimiento de la pluriformidad social, tiene para ofrecer. Por ejemplo, cualquier esfuerzo por superar la pobreza infantil que se enfoque solo en aumentar el nivel de inversión estatal, pero que ignore el impacto financiero de las leyes de divorcio exprés en los niños, inevitablemente estará apuntando solo a una parte del problema. En este caso, buscar la justicia social nos moverá en dirección a fortalecer legalmente el matrimonio y la familia, aun si esto va en contra de una sociedad individualista. Si es cierto, como la evidencia sugiere, que la pobreza probablemente aflige más a las familias monoparentales que a una familia intacta, entonces hacer que el divorcio sea más fácil de obtener se revelaría como contraproducente y, más claramente, injusto.

No obstante, las políticas públicas no pueden agotar la búsqueda de la justicia social. El direccionamiento de la cuestión social requiere iniciativa procedente de una variedad de fuentes, incluyendo iglesias, organizaciones de beneficencia, sindicatos, empresas y cámaras de comercio, organizaciones de acción política, cooperativas de agricultores, agencias privadas de apoyo social, etc. Cuando el gobierno elige involucrarse a sí mismo, lo hace mejor cooperando con estos esfuerzos preexistentes más que adelantándose a ellos o poniéndolos a un lado.

Finalmente, cuando un gobierno colabora con estas organizaciones, debe hacerlo equitativamente, sin discriminar a aquellas con una base abiertamente creyente. Ese fue el punto de la llamada prestación de opción caritativa (charitative choice provision), en la ley de reforma de bienestar de 1996 en los Estados Unidos.

Mientras que tanto socialistas como liberales tardíos, así como las cacareadas soluciones de mercado de los libertarios, probablemente se prestan para slogans pegajosos que llegan a un amplio público de votantes, el neocalvinismo probablemente tenga ventaja más amplia en el largo plazo, dado que toma con seriedad el carácter complejo y diverso de la sociedad. Cualquier esfuerzo por ayudar al pobre que falle en su reconocimiento de ese hecho inevitablemente queda corto.

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Originalmente publicado en Comment. Traducido con autorización. Traducción de Luis Aranguiz.